David Maturana Céspedes

Imposibilidad de continuar el proceso sumario. El funcionario no siempre sabe como  acreditar el cumplimiento de las normas legales, convencionales y arbitrales infringidas; es por ello que este trabajo lo he realizado para colaborar y orientar en la protección de los trabajadores sometidos a un proceso disciplinario. Cabe recordar que, por un lado, el artículo 15 de la Ley N° 19.880, señala que todo acto administrativo es impugnable por el interesado, salvo los actos de mero trámite, que son sólo impugnables cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.  El a rtículo 15 citado, " Principio de Impugnabilidad", ninguna actuación pública o legal debe afectar los derechos en su esencia, conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 26 de la Constitución. Ley N°19.880. Fecha 24-02-2022 Suspensión de un funcionario policial por dos años en el contexto de un sumario administrativo, vulnera el debido proceso, en su dimensión de ser ju

Actos administrativos terminales deben fundamentarse. El deber que toda Autoridad,  por mandato del artículo 5° de la  Ley N° 19.880,  ley General de Bases de la Administración del Estado, está llamada a cumplir con  transparencia las actuaciones de la Administración, ha establecido normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, entre ellas que toda decisión debe ser fundada, en concordancia con el  artículo 11 de la  Ley N° 19.880 , que dispuso que los actos que afectan derechos de los particulares deben estar fundados y en el artículo 41 de la misma ley, en cuanto estableció que deben estar fundadas las resoluciones finales que contienen una decisión deben expresar las razones y circunstancias de hecho que justifican la decisión .  https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002016000200015 Deber de fundamentación de los actos administrativos. Fecha 06-02-2022 Corte

Ilegalidad: Fiscal decide ampliar el  sumario a otros hechos no descritos, ni plasmado  en el decreto que instruye sumario.  La fiscal actuó fuera del ámbito de su competencia. La fiscal no cuenta con el decreto exento por la cual se le permite ampliar el sumario a otros asuntos a los cuales no se le ha instruido investigar. El fiscal incumplió su obligación no solo de solicitar ampliación de la investigación, sino que además incumplió su obligación de otorgar información verás y oportuna al afectado a fin que realizara una adecuada defensa, afectando el debido proceso.  Por más que el decreto señale que debe investigar todo lo que fuere posible o d isponer que la investigación se extendiese a cualquier otro hecho ilícito que aparezca en el curso de la investigación, esto afecta al debido proceso, toda vez que en ese espació amplio de investigación resulta imposible desplegar una adecuada defensa que contempla la normativa legal, ya que el afectado no tiene cabal conocimiento

Principio de buena fe y derecho adquirido . (la existencia de buena fe y justa causa de error) La jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes n.os 25580/2000, 2936/2001, 12272/2002  ha reconocido que es improcedente que la autoridad invalide sus actos ilegales si estos han producido efectos y han ingresado al patrimonio de sus beneficiarios de buena fe, añadiendo que las infracciones al principio de juridicidad no siempre anulan la actuación irregular, puesto que esa sanción no puede afectar a los terceros que se encuentran en esa condición –aun cuando en este caso sean los propios destinatarios del acto, que obraron con la convicción de que la actuación administrativa se ajustaba a derecho, sin tener intervención en la configuración del vicio, encontrándose amparados por la presunción de buena fe del artículo 707 del Código Civil. No resulta posible aplicar la sanción de nulidad cuando ella produce efectos más perniciosos que los que se intentan evi