Absolver
o sancionar. (Aplicar la norma más favorable, toda vez que éste constituye un
principio constitucional esencial que es integrante del debido proceso)El funcionario no siempre sabe como acreditar el cumplimiento de las normas legales, convencionales y arbitrales infringidas; o bien, la existencia de un error de hecho, es por ello que este trabajo lo he realizado para colaborar y orientar.
1.-*.- Derecho del trabajador a ser juzgado en el debido tiempo, teniendo el contrato vigente: Enlace: Prescripción dos años: http://www.
2.- Principio de imparcialidad y de razonabilidad.
Enlace: http://www.elmercurio.com/
1.-*.- Derecho del trabajador a ser juzgado en el debido tiempo, teniendo el contrato vigente: Enlace: Prescripción dos años: http://www.
2.- Principio de imparcialidad y de razonabilidad.
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3.- Falta a la probidad:https://david897.blogspot.com/
4.- Proporcionalidad y calificación de la falta: https://david897.blogspot.com/
Nota: la Administración al tomar una
decisión debe ponderar cómo se conjugaron los hechos del caso concreto con la
normativa aplicable, sin que la toma de la decisión se transforme en un proceso
automático y exento de deliberación acerca de lo razonable o adecuado de lo
resuelto. Por supuesto, esto implica un mayor nivel de exigencia en la toma de
decisiones de la Administración, mas ello no solo parece adecuado sino que
también un imperativo para una adecuada colaboración público-privada.
El Estatuto Docente contempla la absolución
o el termino del contrato, es uno de esos casos raros en el cual el
legislador entendió que de no transgredir gravemente el principio de probidad
se debía absolver, solo que los empleadores imponen la máxima sanción indicando
que por no tener otras opciones, no le queda otra que sancionar, aunque las
faltas no sean graves.
CAUSAL INCUMPLIMIENTO GRAVE ; "Esta causal subjetiva de contenido abierto, implica que el incumplimiento debe ser grave y necesariamente determinar el quiebre de la relación laboral, debiendo considerarse para ello si se trata de una conducta de carácter ocasional o reiterada, el desempeño previo del trabajador, funciones ejercidas, su incidencia en la marcha normal de la empresa, el perjuicio ocasionado a ésta, entre otros elementos.
https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/primer-juzgado-de-letras-del-trabajo-de-santiago-acoge-demanda-por-despido-de-ejecutivo-bancario?redirect=https://www.pjud.cl/noticias-del-poder judicial%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&fbclid=IwAR3s71dWvt1olS5kEINW2H1avm61sqetydd3hCsQZq9tosg0CjbvPF6c36A
Es del caso que suele sancionarse al docente sin que exista un contrato de trabajo explícito que exprese el incumplimiento, al respecto el artículo 9°, inciso cuarto, del Código del Trabajo.en lo que interesa al recurso, que “la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.”
Que el artículo 72 de la Ley N° 19.070 ,
Estatuto Docente, establece que los profesionales de la educación que forman
parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella,
solamente, por las siguientes causales, "b) Por falta de probidad,
conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al
procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en
lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que
correspondan".
Que como ha sostenido la
Contraloría General de la República, en dictamen N° 12060/2014, un sumario
administrativo incoado en contra de un profesional de la educación solo podrá
concluir con el término de la relación laboral del respectivo docente, de
acreditarse la causal preceptuada en la letra b) del artículo 72 de la Ley N° 19.070 , o su absolución, según procediere, de acuerdo con el mérito del
correspondiente proceso sumarial, en virtud de la modificación
introducida por el Decreto N° 215 de 2011 del Ministerio de Educación al
Reglamento de la Ley N° 19.070.
La potestad disciplinaria y penal son
manifestaciones del ius puniendi general del Estado.
En
el ámbito administrativo disciplinario y para resolver situaciones no regladas
expresamente por una norma legal, puede recurrirse a los principios o
instituciones del derecho penal, como por ejemplo, a aquel que obliga a aplicar
la legislación que contemple la sanción más benigna y el que impide castigar
dos veces por el mismo hecho, aplica dictámenes relacionados N° 17865/95,
14571/2005, 28226/2007 y N° 34.407 Fecha: 24-VII-2008.
Al
respecto, es preciso consignar, en armonía con lo expresado en los dictámenes
N°s. 14.571, de 2005 y 28.226, de 2007, que tanto la potestad
sancionatoria penal como la administrativa, constituyen una manifestación del
"ius puniendi" del Estado, razón por la cual se ha entendido que es
posible aplicar los principios del derecho penal al derecho administrativo
sancionador, lo que se extiende al ámbito de las sanciones disciplinarias que
ahora interesan. Enlaces.
Principio de irretroactivdad: Se debe aplicar el principio de irretroactividad, que se encuentra establecido en el artículo 34 de la Constitución Política que obedece a su vez a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en este caso no siendo posible aplicar otra sanción se debe recurrir a la que más favorezca al afectado, como es absolver o sobreseer de acuerdo al principio de legalidad, proporcionalidad, cuando las faltas no transgredan gravemente el principio de probidad administrativa.
Principio de irretroactivdad: Se debe aplicar el principio de irretroactividad, que se encuentra establecido en el artículo 34 de la Constitución Política que obedece a su vez a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en este caso no siendo posible aplicar otra sanción se debe recurrir a la que más favorezca al afectado, como es absolver o sobreseer de acuerdo al principio de legalidad, proporcionalidad, cuando las faltas no transgredan gravemente el principio de probidad administrativa.
Principio
Pro reo. La aplicación
del principio in dubio pro reo consagrado en el artículo 19 N° 3
inciso 7° de la Constitución Política . Al
respecto del principio que obliga a aplicar la legislación que contemple la
sanción más benigna a fin de respetar el principio de
proporcionalidad de las sanciones. Aplica: el artículo 456 bis del Código
de Procedimiento Penal, precepto que consagra el principio de
inocencia y la máxima in dubio pro reo, vale decir, si existen dudas
respecto de los hechos. Causa nº 25378/2014 (Casación). Resolución nº
351156 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Junio de
2016. Pues, “en cuanto que un exceso punitivo hace quebrar la garantía del
ciudadano de previsibilidad de las sanciones, creando una sanción ajena al
juicio de proporcionalidad realizado por el legislador, que en el caso del
Estatuto Docente contempla absolver o sancionar, siendo lo más benigno para el
afectado, la primera opción y no materializando la
imposición de una sanción, como poner termino al contrato de trabajo por no
existir otra sanción más que aplicar.
Principio
«in dubio pro operario»: Es
sabido que uno de los pilares del derecho laboral y del derecho procesal del
trabajo es la llamada favorabilidad, en este caso al aplicar una
sanción se debe poner en la balanza y ésta se inclinará a favor del
trabajador. Que el principio «in dubio pro operario», regla que debe ser tomada
en cuenta como criterio orientador, optando por la interpretación que favorece
al trabajador es al momento de sancionar considerar la medida más benigna en el
caso que las faltas no constituyan transgredir gravemente el principio de
probidad. Que este principio protector conforme al cual los
jueces en caso de duda debieron recurrir en elección de la exégesis la más
favorable al trabajador". Corte Suprema rol 4317-2014, rol,
12-05-2014, rol 21.966-2014, 2-10-2014 (ambas sentencias dictadas en
recursos de queja). Realizándose por tanto
la interpretación más conveniente al trabajador, aplicando el principio in dubio
pro operario, y actuando de buena fe, se debe absolver cuando se trata de
faltas no graves.
Principio de favorabilidad de rango supralegal: Que el principio de favorabilidad es
uno de esos principios generales que conforma la estructura del debido proceso
y que resulte ser la más benéfica a los intereses del procesado, lo que debe
operar de manera automática, sin reparo alguno, por ser ello no un beneficio
sino un derecho del ciudadano. La favorabilidad, como el de legalidad,
principios de vital trascendencia a la hora de analizar la aplicación de alguna
sanción y apuntan a impedir la arbitrariedad del Estado, su intervención
abusiva sobre los derechos y las libertades del individuo, de modo tal que
aplicar la sanción primitiva vulneraría la prohibición de exceso. Eso sí,
el principio de la favorabilidad se encuentra establecido como un mandato en
los tratados internacionales sobre derechos humanos (Art. 15-1 del Pacto
Internacional de Derechos Humanos, Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica, ambos
in fine).
Medidas adoptadas deben estar sujetas al principio
de proporcionalidad. Se debe tener presente la resolución internacional
consignada por la Unión Europea (N.° 97/80 de 1997) en la que el artículo 4
manifiesta que todos los Estados miembros, deben ajustar sus sistemas
judiciales nacionales para justificar su decisión. Análogamente, en el
derecho laboral chileno se instaura en el artículo 493 del Nuevo Código del Trabajo de acuerdo a estos lineamientos: ,,,,, corresponderá explicar los
fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Tal es el caso
en que un docente directivo fue absuelto, pese haberse acreditado la falta
administrativa, pero como no significo perjuicio económico para el municipio,
se aplico el criterio mas favorable y fue sobreseer o absolver.
La contraloría objeta la decisión del servicio si del examen de los
antecedentes sumariales se aprecia alguna infracción al debido proceso, a la
normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se observa la
existencia de alguna decisión de carácter arbitrario (entre otros, dictámenes
Nos. 4.767 y 65.855, ambos de 2012). Es en este último punto donde aparece la
proporcionalidad con el objeto de encauzar el ejercicio de la potestad
sancionadora dentro de los márgenes de razonabilidad y evitar la arbitrariedad.
Garantía Constitucional de igualdad ante
la ley.
Esta garantía se encuentra conculcada la
garantía constitucional de “igualdad ante la ley”, porque ni la ley ni la
autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias. El principio general de
igualdad ante la ley y toda distinción o diferencia debe ser racional, esto
conlleva al principio de la no discriminación, a menos que exista una razón
relevante o suficiente, socialmente aceptada. Cito resumen en
la cual en materia de responsabilidad administrativa se ha exigido que todos
los empleador sean considerados utilizando el mismo parámetro para determinar
la gravedad de sus actuaciones y por ende la misma sanción que corresponde aplicar. (Dictamen N° 81.257 de 2011) .
La razonabilidad y la arbitrariedad deben estar confrontadas. La Corte Suprema (Rol 10119-2013) que identifica la razonabilidad con la interdicción de la arbitrariedad y señala, citando doctrina extranjera, un doble test al efecto. Justamente, el segundo de ellos es aquel que se vincula mayormente a la arbitrariedad al señalar que la decisión adoptada debe ser confrontada a fin de analizar si la misma: “a) adolece de incoherencia por su notoria falta de adecuación al fin de la norma, es decir, de aptitud objetiva para satisfacer dicho fin y b) si la decisión resulta claramente desproporcionada”.
La autoridad debe cumplir con lo establecido en art/120 inc/2 de ley 18883 y art/116 inc/2 de ley 18834, según los cuales las medidas disciplinarias deberán ser aplicadas considerando la gravedad de la falta cometida y las circunstancias agravantes y atenuantes del mérito procesal. Asimismo, debe velar porque las decisiones de la administración se ciñan al principio de juridicidad previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y 2 de ley 18575 y que se resguarde la garantía constitucional del art/19 num/2, fiscalizando que la potestad disciplinaria se ejerza según la legislación y sin arbitrariedad, de modo que la decisión sea justa, desprovista de discriminación y proporcional a la falta y mérito procesal.
La Contraloría en materia de responsabilidad se ha
exigido que todos los empleados sean evaluados utilizando el mismo parámetro
para determinar la gravedad de sus actuaciones y, por ende, la sanción que
corresponde aplicar (Dictamen N° 81.257 de 2011).
Ejemplo.
En un sumario instruido por el
mismo empleador en contra de otro director de establecimiento educacional, se
dejó sin efecto la medida disciplinaria de termino de la relación laboral,
porque no se ha verificado
perjuicio o menoscabo económico para el Municipio de Coquimbo. Por tanto frente a la
igualdad ante la Ley se debe pedir aplicar el mismo criterio.
Aplica
el principio de la confianza legítima,
definido por el profesor Eduardo Soto Kloss, como el amparo que debe dar el
juez al ciudadano frente a la administración pública, en tanto ha venido
actuando de una manera, lo seguirá haciendo en forma sucesiva, ya que, no
resulta justo que la administración pueda cambiar su actuar de manera
sorpresiva.
NOTA: en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 inciso 2º de la Ley N°18.883, conforme al cual “la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa”, Así que en el caso de los docentes regidos por la Ley 19070 toda medida expulsiva por asuntos no relevantes son medidas disciplinarias desproporcionadas.
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